Historia del Siglo XXI

Historia del Siglo XXI

Nota: Véase la información sobre la guerra civil de Guatemala.

Al sucesor de Arzú, Alfonso Portillo Cabrera (2000-04), un presidente impopular y corrupto, le siguió en 2004 Óscar Berger Perdomo, quien, tratando de curar las heridas internas, entregó el antiguo palacio presidencial y el cuartel general del ejército a la Academia de Lenguas Mayas y a la TV Maya. Perdomo también encargó a la premio Nobel Menchú que siguiera aplicando los acuerdos de 1996. En julio de 2006, Guatemala suscribió oficialmente el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA-DR) con Estados Unidos. También en 2006, Estados Unidos aumentó su ayuda militar a Guatemala para operaciones de interdicción de drogas, que incluyeron la destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas en el Petén y la erradicación del cultivo de amapola en todo el país.

Álvaro Colom, del partido de centro-izquierda Unión Nacional de la Esperanza, ganó las elecciones de 2007, convirtiéndose en el primer presidente de izquierdas desde 1996. Prometió mejorar la educación pública y la atención sanitaria en las zonas rurales.

Sin embargo, a pesar de estos avances, Guatemala, con tres quintas partes de su ciudadanía viviendo en la pobreza, seguía teniendo algunas de las peores condiciones de vida de Centroamérica y sufriendo el descontento laboral y las violaciones de los derechos humanos, mientras afrontaba el siglo XXI todavía con las secuelas de la guerra civil. La delincuencia y la violencia relacionadas con el narcotráfico la azotaron especialmente. La represión de las bandas del crimen organizado en El Salvador, Colombia y México había empujado a los delincuentes de esos países a Guatemala para traficar con armas y drogas, así como para blanquear sus beneficios. A pesar de los esfuerzos del gobierno del presidente Colom por combatir a esos delincuentes, la violencia se agravó.

En parte como respuesta a estos acontecimientos, los guatemaltecos eligieron presidente en noviembre de 2011 a un general retirado del ejército, Otto Pérez Molina, del Partido Patriota. Habiendo prometido emplear la “mano dura” contra los problemas de delincuencia relacionados con el narcotráfico en Guatemala, Pérez Molina incorporó al ejército a la lucha. Su gobierno también procesó a algunos de los acusados de genocidio durante la guerra civil (1960-96), con largas penas de prisión para los condenados.

El 7 de noviembre de 2012, el país se vio sacudido por un terremoto de magnitud 7,4 centrado en la costa del Pacífico de Guatemala. Este terremoto, el más fuerte que se ha producido en el país desde 1976, causó daños generalizados, se cobró decenas de vidas y se sintió hasta el norte de Ciudad de México.

A principios de mayo de 2013, el ex presidente Ríos Montt fue condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad ocurridos durante su gobierno (1982-83), uno de los períodos más mortíferos de la guerra civil. Fue condenado a 80 años de prisión por la matanza de al menos 1.771 miembros del pueblo indígena maya ixil. Sin embargo, antes de que finalizara el mes, la Corte de Constitucionalidad del país anuló la sentencia y ordenó que se volviera a celebrar el juicio a mediados de abril, momento en el que la defensa de Ríos Montt había presentado unos recursos que la Corte de Constitucionalidad determinó que no habían sido atendidos adecuadamente. El nuevo juicio se suspendió en enero de 2015 tras la recusación de una jueza, y se volvió a retrasar en julio cuando la autoridad forense nacional concluyó que Ríos Montt ya no era capaz de comprender los cargos que se le imputaban. En agosto, un panel de psiquiatras confirmó esa conclusión. En 2017, después de más retrasos, se reanudó el nuevo juicio de Ríos Montt y se desarrolló sin la participación del acusado, cuya ausencia se excusó por el deterioro de su salud. Murió en abril de 2018 con su juicio aún en curso.

En abril de 2015, los acontecimientos del juicio de Ríos Montt habían pasado a ser secundarios frente a un creciente escándalo político que llegó a las más altas esferas del gobierno guatemalteco. Ese mes, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -creada en 2007 por la ONU y Guatemala para investigar la participación del crimen organizado en el gobierno- reveló un esquema mediante el cual las empresas supuestamente habían pagado sobornos a funcionarios fiscales para evitar el pago de derechos de aduana. En mayo, la vicepresidenta Roxana Baldetti dimitió después de que se afirmara que su secretario privado era el cerebro de la red de fraude, conocida como “la Línea”, pero la suya fue sólo una de las muchas dimisiones de alto nivel que se produjeron en los meses siguientes, cuando decenas de miles de guatemaltecos salieron a la calle en repetidas ocasiones para protestar contra la corrupción en la administración de Pérez Molina. En agosto, los investigadores afirmaron que las pruebas apuntaban a la implicación en la trama no sólo de Baldetti (que fue detenida), sino también de Pérez Molina, contra quien se inició un procedimiento de destitución.

El 1 de septiembre, el Congreso votó a favor de despojar a Pérez Molina de su inmunidad presidencial, allanando el camino para que se convirtiera en el primer jefe de gobierno en la historia de Guatemala en ser juzgado mientras está en el cargo. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, Pérez Molina renunció en la madrugada del 2 al 3 de septiembre para enfrentar la acción judicial. Todo ello se produjo pocos días antes de la primera ronda de votaciones para elegir un nuevo presidente. Pérez Molina, cuyo mandato finalizaba en enero de 2016, tenía constitucionalmente prohibido volver a presentarse. Ninguno de los candidatos obtuvo el 50% más uno necesario para impedir una segunda ronda de votación. En la segunda vuelta se enfrentaron el primer candidato, Jimmy Morales, un humorista de televisión y no político cuyo lema de campaña era “Ni corrupto, ni ladrón”, y la ex primera dama Sandra Torres, ex esposa del ex presidente Álvaro Colom. Morales obtuvo una aplastante victoria en la segunda vuelta del 25 de octubre, obteniendo más de dos tercios de los votos para convertirse en presidente.

Más allá de las acusaciones relacionadas con el escándalo de “la Línea”, en junio de 2016 Baldetti y Pérez Molina fueron acusados formalmente de haber urdido la concesión de contratos públicos a cambio de la financiación ilegal de la campaña electoral de 2011. Estos cargos formaban parte de la investigación y persecución sin precedentes de la Fiscal General Thelma Aldana sobre el crimen organizado y la corrupción gubernamental. En julio, el ex oficial del ejército Byron Lima Oliva -que estaba encarcelado por el asesinato del obispo Juan José Gerardi en 1998 y que dirigía una red de delincuencia organizada que abarcaba todo el sistema penitenciario del país- fue asesinado en un atentado dentro de la prisión de Pavón. Se cree que fue asesinado porque al parecer estaba dispuesto a identificar a quienes habían amenazado la vida de Aldana.

En 2017, la CICIG había comenzado a investigar la presunta corrupción que implicaba a miembros de la familia de Morales. En enero, su hijo y su hermano fueron detenidos por cargos de lavado de dinero y fraude, respectivamente. Aldana inició entonces una investigación sobre posibles incorrecciones financieras de la campaña presidencial de Morales en 2015 y pidió al Congreso que despojara al presidente de su inmunidad judicial. Morales respondió prohibiendo al jefe de la CICIG, Iván Velásquez, volver a entrar en Guatemala (acción que fue revocada por la Corte de Constitucionalidad). En agosto de 2018 Morales anunció entonces que no renovaría el mandato de la CICIG, que debía terminar en septiembre de 2019.

En 2019, la administración del presidente estadounidense Donald Trump trató de frenar la inmigración ilegal de centroamericanos a Estados Unidos intentando coaccionar a Guatemala para que suscribiera un acuerdo de “tercer país seguro”. En virtud del acuerdo propuesto, los migrantes que viajan a través de Guatemala en ruta para solicitar asilo en los Estados Unidos (principalmente hondureños y salvadoreños) tendrían que solicitar primero refugio en Guatemala y se les consideraría para el asilo en los Estados Unidos sólo si pudieran demostrar que corrían riesgo de tortura o persecución en Guatemala. Al solicitar la conformidad de Guatemala, Trump amenazó con imponer aranceles a las importaciones guatemaltecas a Estados Unidos, con restringir los viajes de los guatemaltecos a Estados Unidos y con gravar las remesas enviadas a casa por los guatemaltecos que trabajan en Estados Unidos. En julio, el gobierno de Morales aceptó la propuesta estadounidense; sin embargo, la Corte de Constitucionalidad ya había dictaminado que el poder legislativo guatemalteco tendría que aprobar el acuerdo para que fuera aplicable. Muchos guatemaltecos argumentaron que su país estaba tan acosado por el mismo tipo de violencia de las pandillas, la pobreza y la falta de empleo que aquejaban a sus vecinos centroamericanos, que era incapaz de apoyar a los solicitantes de asilo. De hecho, entre octubre de 2018 y junio de 2019, los guatemaltecos habían representado una porción mayor (alrededor del 34 por ciento) de las detenciones de la Patrulla Fronteriza en la frontera entre Estados Unidos y México que cualquier otra nacionalidad.

El asunto del acuerdo se cernió sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 11 de agosto, en la que el conservador Alejandro Giammattei, del partido Vamos, y ex director del sistema penitenciario del país, triunfó sobre Torres, de nuevo candidato presidencial, esta vez por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Torres había quedado en primer lugar en la primera ronda de votación de los multicandidatos en junio, pero no alcanzó el 50% necesario para evitar la segunda vuelta, en la que Giammattei obtuvo casi el 58% de los votos. Su mandato como presidente debía comenzar en enero de 2020.

Revisor de hechos: Conrad

Recursos

Notas y Referencias

Véase También

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